Modernización del Estado: un imperativo moral

Axel Kaiser

La existencia de impuestos ha sido un factor distintivo de las sociedades civilizadas. Desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, Roma y los imperios de Hispanoamérica, los impuestos se aplicaron como manera de financiar los gastos de gobiernos centrales. Con anterioridad a la existencia de tributos la forma de hacerse de la propiedad ajena era el saqueo violento de otros pueblos, los que quedaban generalmente destruidos.

Como explica Franz Oppenheimer en su clásico estudio sobre los orígenes del Estado, la rendición de tributos de pueblos militarmente más débiles a otros más fuertes permitió crear una estructura de dominación –el Estado- en que predominaba la extracción pacífica de recursos económicos. Los dominados comenzaron también a ser protegidos de ataques foráneos por sus dominadores estableciendo una relación que fue el inicio del principio de legitimidad del pago de impuestos.

En el mundo moderno, los estados cumplen funciones que van mucho más allá de la sola protección de sus habitantes. Como en tiempos pretéritos, para llevarlas a cabo, este debe cobrar impuestos aprovechando su ventaja natural como monopolista de la violencia física.

Al decir del ganador del premio Nobel de economía Douglass North, “el Estado es una organización con una ventaja comparativa en la violencia, que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder de cobrar impuestos”.

Como en la antigüedad, la vida civilizada moderna sería inviable sin una forma de extracción de recursos pacífica de manos de autoridades consideradas legítimas. Sin embargo, lo anterior es tan solo una parte de la ecuación.

Lo que hace el Estado con los impuestos que recauda es igualmente relevante. Diversas revoluciones y colapsos sociales han tenido por una de sus causas centrales el excesivo cobro de impuestos y su mal uso por parte de las élites que detenta el poder y se benefician de él.

En nuestra región, este mal uso de recursos públicos ha sido siempre un gran problema. A diferencia de culturas como la norteamericana, en América Latina no existe una arraigada conciencia de lo que significa ser contribuyente, facilitando así un sinnúmero de abusos y diversas formas de corrupción. El concepto “accountability”, tan propio del mundo anglosajón, se encuentra prácticamente ausente del debate público.

Como consecuencia, no hay suficientes mecanismos efectivos de información a los contribuyentes sobre el real impacto que tiene el gasto público que financian. Simplemente se da por sentado que deben pagarse impuestos como si fuera un obviedad independiente de la forma en que se usan esos recursos.

La clase política, en tanto, prioriza invariablemente nuevas alzas de impuestos antes de velar por la eficiencia del gasto de los que ya se cobran. Esta falta de “accountability” contribuye a minar el prestigio de las instituciones y de la clase dirigente. En el peor de los casos, la percepción de corrupción generalizada y el fracaso del Estado en cumplir las tareas que lo legitiman frente a la población puede llevar al auge de populismos que ponen en riesgo la subsistencia misma de la democracia.

Una agenda modernizadora del Estado, más que una cuestión técnica, es, por lo mismo, un imperativo moral y una necesidad política. Independientemente de las preferencias personales sobre el tamaño del Estado, todos debemos concordar en que los recursos de que este dispone deben destinarse exclusivamente a aquellos usos que maximizarán un impacto social positivo.

En el caso chileno ello implica acabar con prácticas casi feudales de administración, automatizar procesos aprovechando nuevas tecnologías, acabar con cuoteos políticos –que es otra forma de corrupción- y terminar con la carencia crónica de información confiable sobre lo que ocurre realmente con los recursos de los chilenos.

En otras palabras, se tiene que acabar con el Estado como botín de la corporación política-burocrática, actualmente convertida en el grupo de interés más desprestigiado y abusivo del país.